Lo que nos faltaba: la última tendencia en leyes de exclusión es que no tenemos derecho a saber qué es lo que se está legislando. Probablemente tampoco tengamos derecho a saberlo una vez aprobada la ley, que no tiene ninguna relación con seguridad nacional por lo demás. Salvo, por supuesto, pagando la módica suma de US$10.000 al apitutado de turno y prometiendo no mostrarlo ni comentarlo con nadie. Y dada la tendencia de “importar” a la fuerza todo lo que se hace en EEUU al respecto, pronto debiéramos ver ese tipo de actividades por estos lares. Pareciera que según los que compran las leyes, el secreto industrial es mucho más fuerte que el derecho a un proceso justo y transparente.
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