Ayer se derogó el Decreto 26, de 2001, que permitía calificar de secretos o reservados documentos y actos de la administración del Estado. Después de la modificación al artículo 8vo de la Constitución de Chile eso no debiera haber sido necesario, porque se entendía inconstitucional y por lo tanto inválido. Así lo dice este artículo de Agosto de 2005. Pero algunas instituciones lo continuaban utilizando para evitar publicar información que debiera ser pública y fue necesario aclarar.
Así que ya lo saben: para evitar publicar la información es necesaria una ley de quórum calificado, no basta una resolución administrativa. Y una ley de quórum calificado no es fácil de obtener.
Y dado que con la reforma procesal penal una gran parte de los expedientes están o estarán disponibles dentro de una intranet, será interesante ver cuánto se demora en que se abra la información, porque dado que existe la plataforma, es casi sólo cosa de tomar la decisión (probablemente marcar algunas cosas como privadas, pero entiendo que eso ya está considerado). Obviamente es algo que puede parecer revolucionario sobre todo para los que vivieron mucho tiempo con los expedientes cosidos a mano (hasta hace poco, solamente los abogados podían tener acceso a esa información).